Sobre la inseguridad y la justicia penal

Desde hace algunas semanas la Ciudad de Buenos Aires y determinadas zonas de la Provincia de Buenos Aires atraviesan una crisis de inseguridad: secuestros express, una violación en el subte, robos a mano armada de extrema violencia, ataques a jóvenes a la salida de boliches y más. La situación es grave y preocupante. Pero la respuesta de la sociedad y de sus dirigentes parece ser siempre la misma: reformar el código penal. Está amplimente estudiado que agravar las penas o reducir la edad de las penas no mejora situaciones de inseguridad. Es necesario analizar las noticias en su contexto social: las informaciones sobre hechos de inseguridad surgen en paralelo con otras que señalan la reducción de la edad de los delincuentes (la mayoría son menores). Pero todas esas informaciones también surgen casi en paralelo con otras que hablan del astronómico crecimiento del trabajo infantil en la Argentina: niños que no van a la escuela, que trabajan en las calles y que allí están expuestos a todo tipo de peligros. Lamentablemente, la gran mayoría de los niños que no pueden recibir una educación y una contención mínima necesaria en la infancia y adolescencia; luego, en la juventud son en un alto porcentaje nuevamente protagonistas de pobreza, marginalidad, manejos, delincuencia y falta de capacidad para cualquier tarea productiva. Educación, búsqueda de salidas para el trabajo infantil, y búsqueda de contención para las familias son algunas de las tareas fundamentales para luchar contra la delincuencia. Las reformas del Código Penal no son útiles. Hace un tiempo en un post transcribí un reportaje en el que un especialista le explicaba al periodista español Arsenio Escolar sobre esta realidad. El especialista culpaba a los periodistas de las actitudes sociales que generaban las reformas penales (se agarraba con el cartero). Más allá de eso, la esencia de lo que decía señalaba la inutilidad de esas mismas reformas:
"Los periodistas insisten en mostrar los sucesos más escabrosos y en alarmar a la gente. Alarmada, la población reclama a sus políticos que actúen contra la criminalidad. Y los políticos, para ser votados, amplían tipos penales y alargan penas. Conclusión: ¡crece la población reclusa! Pero más presos en un país no se traduce en más seguridad en ese país. Un descenso en la población reclusa no produce un aumento de la criminalidad en la calle." Norman Bishop, especialista en prisiones y políticas penitenciarias.